El presidente del Colegio de Abogados y Procuradores de Salta, Pedro Nuñez Burgos, se refirió a los argumentos por los cuales se oponen al artículo que reglamenta el recurso de acción popular de inconstitucionalidad.
«Esta herramienta nace como medio de participación ciudadana y democrática ¿qué quiere decir esto? abrir las puertas de la justicia para que cualquier habitante pueda decir esta norma es inconstitucional y me afecta en tan sentido o de manera general afecta tales intereses. Existe ya en nuestra constitución provincial, desde el año 87, la acción popular de inconstitucionalidad ¿qué significa esto? es una herramienta que puede utilizar cualquier ciudadano para plantear la inconstitucionalidad de una norma de carácter general. Para eso requiere, obviamente, siempre el auxilio de un letrado patrocinante», declaró Burgos a Radio Dinamo.
Además dijo: «si bien estaba previsto dentro de ese artículo de la constitución la posibilidad de una sanción económica, en el caso de que se rechazare esa acción de inconstitucionalidad, mucho tiempo después a través de la ley 8036, que se publicó en el boletín oficial el 11 de octubre, se incorporan dos conceptos muy delicados. Implican lisa y llanamente la imposibilidad de utilizar esta herramienta jurídica, porque en el caso que se rechace la acción de inconstitucionalidad, al ciudadano que firmó o hizo esa petición se le puede aplicar una sanción de dos sueldos de un juez de primera instancia, aproximadamente entre $180 y $200mil«.
De Nuestra redacción.
