El gobernador Urtubey a través de su cuenta personal de Twitter informó la decisión de dejar sin efecto el decreto provincial 1170 y adherir al protocolo de acceso al aborto no punible de la Nación.
A través de la red social expreso:
«Frente a los aberrantes hechos ocurridos en los últimos días y más allá de la voluntad de la niña abusada y de su familia de continuar con el embarazo y no ejercer el derecho a la interrupción del mismo, el Gobierno de Salta resolvió adherir al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo, elaborado por el Gobierno nacional en 2015.»
La Provincia de Salta, a través del decreto 584/18, adhirió hoy al Protocolo para la Atención Integral de las Personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo que fue elaborado conforme a un fallo de la Corte Suprema de la Nación.
— Juan Manuel Urtubey (@UrtubeyJM) May 24, 2018
Esta medida se da en el marco de la repercusión que tuvo el caso de la nena que llegó al hospital materno infantil embarazada producto de una violación de su padrastro. En un primer momento la asesora de incapaces y menores Patricia Gómez de González informó al ejecutivo provincial la voluntad manifestada por la niña y su madre en un acta rubricada de continuar con el embarazo.
Había trascendido en los medios que el aborto no se podría haber practicado ya que el tiempo de gestación superaba el tiempo establecido por el derogado decreto.
La Corte Suprema de Justicia resolvió en 2012 que el único requisito para acceder al aborto no punible era que la víctima firmara una declaración en el hospital asegurando haber sufrido un delito sexual. El protocolo del gobierno de Salta, en cambio, exige que la víctima además haga una denuncia policial y que intervenga el Ministerio Público, y fija la semana 12 como límite para la intervención.
Esto marca un vuelco en la provincia en lo que a decisiones sobre la temática implica. Recordemos el caso de Juana, la nena wichí que fue violada y que debió continuar con su embarazo.