El abogado Luis Segovia, defensor de víctimas de abuso sexual por parte del ex sacerdote Emilio Lamas, se refirió al allanamiento llevado a cabo en el Arzobispado de la provincia en el marco de esa causa.
- ¿Cómo es la historia del primer allanamiento a un Arzobispado por un caso de abuso sexual en el país?
Hace más de un año, el fiscal de la causa Sergio Federico Obeid, compartiendo mis argumentos, solicitó la medida de allanamiento, que yo le solicité a él, a la jueza Claudia Puertas, jueza de garantías, quien rechaza la medida y nos dice que nosotros no tenemos nada que investigar en el arzobispado qué tenemos que hacer una investigación aparte y autónoma. Además, que la iglesia podía rechazar entregar esos documentos porque ellos tienen un tratado con Argentina, que les permite manejarse de esa manera.
Ante esto, el Fiscal apeló la medida en la segunda instancia y el juez Omar Silisque volvió a negar el allanamiento, pero le agregó una interpretación más, nos dijo qué que no era cierto que el arzobispado esté negando la información, sino que no nos está indicando el procedimiento, es decir que nos mandó a pedir las actas a Roma. Tanto el fiscal como yo, insistimos con la medida y nos pareció aberrante qué se trate a un arzobispo de Salta como si fuera una embajada, con fueros internacionales y que tengamos que hacer comunicaciones a otros países para poder conseguir un documento que está en una institución argentina.
Finalmente, insistimos en la etapa de juicio los jueces le dieron al arzobispado 20 días de plazo para para que ellos consigan los permisos bajo sanción de allanar el lugar, y finalmente pasó lo que yo había interpretado desde el primer momento, que nunca los iban a entregar voluntariamente los documentos. Finalmente, el 3 de octubre se realizó esa medida de allanamiento al Arzobispado con absoluta reserva, no se enteró nadie ni yo sabía exactamente cuándo se iba a hacer, sabía que se iba a realizar el allanamiento, pero no sabía cuándo. El allanamiento fue exitoso, ya que, con la presencia de la policía, los jueces y los fiscales en el lugar, se ingresó, y al ver a la fuerza pública in situ, el personal del arzobispado procedió a entregar las actas de manera voluntaria.
– ¿Cuál es su evaluación sobre el allanamiento?
Con todas estas demoras de la justicia, pasó un año, pero, sin embargo, considero que ha sido un avance democrático, que la justicia pueda requerir estos documentos por la fuerza, es decir, que no haya una institución con un privilegio de inmunidad como ellos piensan que tienen, como el arzobispo piensa que tiene. Ellos también deben colaborar con la justicia en el marco de esta investigación, como cualquier otra institución. Ha sido ardua la pelea, pero también muy rica para la sociedad porque se vio claramente el conflicto y queda un antecedente muy bueno para la democracia, para nuestro derecho y también nos va a servir a nosotros muchísimos para nuestra causa, vamos a poder analizar todos los elementos que consideramos necesarios.
También quedó demostrado que, sin ningún lugar a dudas, estos procesos que manejaba la iglesia no respetan los derechos humanos de las víctimas, de manejarse libremente, de poder tener su libertad de opinión, su libertad de pensamiento.
Escucha la entrevista completa:
