Por Lorena López de Para Mi Está Bien
Más de 2500 llamadas al 911 por violencia de género se registraron entre el 9 y el 23 de marzo en la provincia de Salta. Así lo informó hoy la Secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes en el informe de situación diario, en el marco del aislamiento social obligatorio que se cumple en todo el país como método de prevención ante el avance del COVID-19.
No obstante este confinamiento también está dejando en evidencia otra realidad: la de las mujeres que sufren violencia de género y durante estos días tienen que estar encerradas con su agresor, algo que avanza a la misma velocidad . De ahí la importancia de protocolos de emergencia que permitan a las víctimas conocer que NO ESTÁN SOLAS.
En ese sentido, la funcionaria explicó que se encuentra en vigencia el plan de contingencia por violencia de género, y que contempla la habilitación del 3875719316 para la contención por parte de un equipo de profesionales pertenecientes al 𝗣𝗼𝗹𝗼 𝗜𝗻𝘁𝗲𝗴𝗿𝗮𝗹 𝗱𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝗠𝘂𝗷𝗲𝗿𝗲𝘀. En paralelo se trabajan las denuncias con el 911 junto con las fiscalías correspondientes y la asistencia con el número nacional 144.
Reyes señaló que la asistencia que se brinda a las mujeres en situación de vulnerabilidad se realiza exclusivamente a través de estos números, “entendiendo que el contexto puede darse es de convivencia, y es por ello que trabajamos en arbitrar los mecanismos de contención que corresponden”, dijo y detalló que a la fecha existen seis mujeres albergadas en refugios, de los 5 que existen en la provincia, “tenemos 6 casos distribuidos”, afirmó.
En cuanto al balance sobre denuncias en materia de violencia de género, la Secretaria detalló que entre el 9 al 23 de marzo se registraron 2500 llamadas y denuncias, y aseguró que se encuentran trabajando en los informes correspondientes.
Reyes recordó que, si bien el Polo Integral de la Mujeres no se encuentra trabajando físicamente, se articularon todas las medidas, que además de las líneas telefónicas incluye una dirección de correo electrónico: polo.asistencia@gmail.com .
Sin embargo, y pese a las medidas adoptadas, resulta necesario visibilizar alternativas frente a quienes no tienen conectividad, y como ejemplo se sitúa una campaña en Islas Canaria en España, en donde las mujeres en peligro pueden ir a la farmacia y pedir “Mascarilla 19”, para alertar que se encuentran en peligro.
Resulta necesario poner el ojo, y no descuidar la grave situación a la que se encuentran expuestas las víctimas en este contexto, teniendo en cuenta que es menor el apoyo de la comunidad; menores las intervenciones policiales que están abocadas a garantizar el cumplimiento de la restricción de circulación y menor el acceso a la justicia ya que existe feria judicial extraordinaria. “Tenemos que ser garantes de los derechos humanos en una compleja situación como la que nos toca vivir, mantener los canales de comunicación y tener conciencia, quedarnos en casa, y hay funcionarios”, finalizó la funcionaria.
A Nivel Mundial
Al respecto, un informe de la ONU Mujeres alertó que en este contexto de emergencia «aumentan los riesgos de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente violencia doméstica, debido al aumento de las tensiones en el hogar y puede también aumentar el aislamiento de las mujeres».
«Las personas sobrevivientes de violencia pueden enfrentar obstáculos adicionales para huir de situaciones violentas o para acceder a órdenes de protección y/o servicios esenciales que pueden salvar vidas, debido a factores como las restricciones de la circulación o la cuarentena», argumenta el artículo.
Asimismo, desde la ONU señalaron que, para muchas mujeres, las medidas de emergencia necesarias para luchar contra el COVID-19 han aumentado su carga con respecto al trabajo doméstico y el cuidado de niños, parientes ancianos y familiares enfermos.
«Para empeorar las cosas, las restricciones de movimiento, las restricciones financieras y la incertidumbre generalizada envalentonan a los perpetradores y les proporcionan poder y controles adicionales”, sostienen y puntualizan preocupaciones particulares sobre las mujeres con mayor riesgo de violencia doméstica, como las mujeres con discapacidad, las mujeres migrantes indocumentadas y las víctimas de la trata.
