Opinión
Por Diego Subirada.
La ciudadana y vecina de la Ciudad de Salta Capital, Natalia Saravia, está siendo objeto de hostigamiento judicial por parte de Aguas del Norte, la empresa estatal proveedora del servicio de agua potable en la provincia que depende directamente del poder ejecutivo provincial. Esta empresa estatal ha enviado una carta documento a Natalia informándole sobre una denuncia penal en su contra por haber usado sus redes sociales para visibilizar la falta de agua en su vecindario y por haber mandado a realizar una muestra de laboratorio del agua del grifo de un vecino.
Esta situación ha generado una gran controversia y ha puesto en evidencia una notoria asimetría entre las partes. Por un lado, está Aguas del Norte, una empresa estatal con recursos y poder casi ilimitado a la hora de disponer recursos jurídicos, y por el otro, está Natalia Saravia, una ciudadana común que se ha visto afectada por la falta de agua potable en su vecindario y ha utilizado las redes sociales para hacer pública esta problemática.
Es importante recordar que los recursos del estado no deben aplicarse en contra de ciudadanos comunes que protestan ante la clara deficiencia en la prestación de servicios básicos. Deficiencias que incluso fueron reconocidas por el Gobernador Sáenz en su discurso de apertura de secciones ordinarias de la legislatura al declarar que hay “décadas de desinversión” en la materia.
En el marco de una democracia moderna, este tipo de acciones de amedrentamiento por parte de las personas que manejan el poder hacia los ciudadanos comunes no son deseables ni recomendables.
La situación de Natalia Saravia es solo un ejemplo de la necesidad de garantizar el derecho a la libre expresión y a la protesta pacífica. Las autoridades deben garantizar que estos derechos sean respetados y protegidos, y no utilizar recursos públicos para perseguir a quienes los ejercen.
En definitiva, la situación de Natalia Saravia es un llamado de atención para las autoridades de la provincia de Salta y de Aguas del Norte que deben apelar a otros métodos para resolver este tipo de situaciones que son pasibles de ocurrir, sobre todo en el gerenciamiento de empresas de servicios básicos que involucran a vecinos ejerciendo su derecho de reclamo por un servicio justo.
Es de suma importancia, democrática e institucional, defender los derechos de los ciudadanos y garantizar que los recursos del Estado se utilicen para el bien común y no para amedrentar a quienes ejercen sus derechos fundamentales.
