El Sr. Gobernador de la Provincia de Salta, Gustavo Sáenz, a lo largo de su discuro de apertura en la Asamblea Legislativa de la Provincia de Salta 2023, hizo varias referencias a la anterior gestión de gobierno provincial a cargo de Juan Manuel Urtubey. Si bien evitó nombrarlo, la aluciones fueron claras, en la parte correpondiente al agua, dijo: “décadas de desinversión y obras prometidas que nunca se concretaron”. En este sentido, es importante destacar que el artículo 177 del Código Procesal Penal de la República Argentina establece la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio que los funcionarios o empleados públicos conozcan en el ejercicio de sus funciones.
El gobernador avanzó al respecto y destacó que su administración está haciendo «obras que antes fueron prometidas y nunca se realizaron como la obra inconclusa del Fondo de Reparación Histórica, el Acueducto del Yacuy». Además, en otro tramo de su alocución, en clara alusión al mencionado Fondo, sostuvo que a las obras de su gobierno las realizó gestionando fondos nacionales e internacionales, en contraposición a “la toma de créditos multimillonarios en dólares que siguen pagando los salteños».
Sin embargo, en el mismo discurso el Sr. Gobernador afirmó que su administración «no pierde el tiempo en señalar culpables». Pero, ¿no es precisamente la obligación de los funcionarios públicos denunciar los delitos que conozcan en el ejercicio de sus funciones, como lo establece el artículo 177 del Código Procesal Penal? ¿No es la búsqueda de responsables la forma de garantizar la transparencia en la gestión pública?
Es cierto que no es tarea fácil gobernar una provincia con una historia de décadas de desinversión y obras incumplidas. Sin embargo, la gestión de los recursos públicos debe estar siempre guiada por la transparencia y la rendición de cuentas. La denuncia de delitos, obras incumplidas, desinversiones, vaciamientos y fraudes al estado es una forma de garantizar que las leyes se cumplan y no generar un clima de impunidad, o la creencia social del que las hace no la paga.
En definitiva, desde nuestro lugar de ciudadanos comunes instamos a todas las administraciones a cumplir con su obligación legal de denunciar las faltas en el manejo de los fondos públicos. Es la forma genuina de garantizar la transparencia en la gestión pública y por ende la confianza de los ciudadanos en las instituciones.
Diego Subirada.
