Vecinos se congregaron en la puerta de la legislatura para realizar un histórico reclamo de esa barriada. “Quieren desalojar a 117 familias que han vivido en el lugar por más de 20 años”, sostienen.
Vecinos del Barrio Ampliación Santa Ana están luchando por sus derechos a la vivienda y piden una ley de expropiación para frenar los desalojos de 117 familias que han vivido en el lugar por más de 20 años.
Según Yesica, una de las vecinas del barrio “ya se están empezando a dictar órdenes de desalojo las familias de este barrio, con 20 años viviendo en el lugar». Reclaman que se declare de interés público y se expropien «los terrenos que llegaron a ser propiedad de un sujeto llamado Miguel Alberto Rueda por procedimientos turbios en el marco de un proceso de quiebra”.
Además dijo: “hay un estado ausente, hace 20 años que estamos viviendo ahí, hace 20 años que pagamos los impuestos y que existe un barrio, pero dejaron que se vendiera como una finca y que la comprara Miguel Alberto Rueda por 500 mil pesos en un remate. Somos un barrio, un barrio bien constituido, somos un barrio que tiene hasta centro vecinal, un barrio que tiene una cancha de béisbol. La cancha de béisbol tiene comodato con la Municipalidad ¿y no sabían que existíamos?”.
Cabe recordar que ya en 2018 se presentó un primer proyecto de expropiación por la bancada del diputado Del Plá, en el 2021 ingresó otro proyecto similar del diputado Godoy, pero ninguno de los dos alcanzó tratamiento parlamentario. En este tiempo los juicios han avanzado y la mayoría de las familias no pueden acceder a una adecuada defensa legal por lo que se hacen inminentes los desalojos.
Es importante destacar que la especulación inmobiliaria es un problema global que afecta a muchos países, y en este caso, tiene graves consecuencias Salta Capital. Las leyes y regulaciones deben proteger a los ciudadanos, no permitir que los intereses privados prevalezcan sobre los derechos humanos fundamentales como la vivienda.
En este sentido, es necesario que el Estado intervenga de manera definitiva para proteger los derechos de estas familias. La expropiación de los terrenos que llegaron a ser propiedad de Miguel Rueda debe declararse de interés público, y las familias deben recibir la protección necesaria para evitar su desalojo.
El derecho a la vivienda adecuada es un derecho humano reconocido por la ONU, y el Estado debe garantizar su protección. Es inaceptable que estas familias, que han vivido en el barrio durante más de 20 años y han pagado sus impuestos, estén en peligro de perder sus hogares.
Las familias han decidido concentrar todos los martes en la Legislatura hasta que se apruebe la ley. Solicitan que «se avance en las denuncias penales para que se investiguen como llegaron a poder de Rueda estos terrenos que duermen en los tribunales mientras los desalojos avanzan».
