La misma clase política salteña que públicamente denuncia prácticas de política sucia, es la misma que a la sombra, impulsa, financia y sostiene estas producciones malintencionadas. Es preocuante que propongan encarcelar a periodistas y ciudadanos comunes.
Por Diego Subirada
La reciente aprobación en la Cámara de Diputados de la provincia de Salta de un polémico proyecto de ley, que incorpora sanciones contra la identidad digital de las personas al Código Contravencional de Salta, ha generado una seria preocupación en cuanto a la libertad de expresión y la protección de la democracia en nuestra provincia.
Bajo el pretexto de combatir las noticias falsas, este artículo sancionado este martes plantea medidas draconianas que podrían afectar seriamente el derecho fundamental de los ciudadanos a informarse y expresarse libremente.
El artículo en cuestión establece sanciones penales, tanto en forma de arresto como de multa, para aquellos individuos que creen o difundan noticias falsas en el espectro digital con la intención de infundir pánico, desacreditar a personas o autoridades oficiales, o generar desórdenes y tumultos. A simple vista, puede parecer una medida sensata para proteger la veracidad de la información en un mundo digital saturado de desinformación. Sin embargo, la realidad que se esconde detrás de esta normativa es mucho más preocupante.
Es un hecho innegable que, en la actualidad, gran parte de la información falsa es producida y financiada por sectores políticos con el objetivo de perjudicar a sus adversarios en la lucha por diferentes espacios de poder. Esos mismos políticos que denuncian públicamente las prácticas de la «política sucia» son quienes, en la sombra, impulsan y sostienen en el tiempo estas producciones malintencionadas.
En lugar de promover la transparencia y la honestidad, proponen castigar a periodistas y ciudadanos comunes que, en su derecho de ejercer la libertad de expresión, puedan compartir información que pueda desagradar a los funcionarios en el poder.
La aprobación del polémico artículo en la legislación salteña constituye un inadmisible blindaje para funcionarios públicos y una afrenta a la libertad de expresión. Es fundamental que la sociedad en su conjunto rechace este tipo de medidas represivas y se mantenga vigilante ante cualquier intento de limitar el acceso a la información y restringir la libre expresión.
La democracia se nutre de la diversidad de opiniones y del debate abierto, y cualquier intento de coartar estas libertades fundamentales debe ser resistido con firmeza.
Diputados: Un nuevo golpe a la libertad de expresión
