“La respuesta parece encontrarse en una relación simbiótica entre la justicia y el poder político, donde la arbitrariedad florece cuando la denuncia proviene de aquellos que detentan el control político”.
En el último comunicado emitido por los familiares de Nahuel Morandini, la situación del joven profesor universitario se torna aún más sombría. La provincia de Jujuy, envuelta en un manto de controversia judicial, se ve ahora señalada por presuntas violaciones a derechos fundamentales y una alarmante falta de transparencia en el proceso legal que enfrenta Morandini.
El hecho de que un ciudadano sea privado de su libertad por la expresión de ideas, en este caso, a través de un posteo humorístico en redes sociales sobre un tema de dominio público, es un atentado directo contra el derecho a la libertad de expresión consagrado en nuestra Constitución. La detención arbitraria y la falta de claridad en la imputación, evidencian una fragilidad en el sistema judicial jujeño que clama por una revisión exhaustiva.
La familia de Nahuel Morandini denuncia la falta de información acerca de su paradero, la cual solo agrega una capa más de sufrimiento a este angustiante episodio. Resulta inconcebible que en una sociedad que presume de respetar el Estado de Derecho, se perpetúen acciones que solo generan desconcierto y desesperación en las familias de los detenidos.
El comunicado expone la reciente orden de traslado del establecimiento penitenciario donde se encontraba Morandini, argumentando supuestas deficiencias de seguridad en el lugar anterior. Esta justificación resulta cuestionable, especialmente cuando se compara con casos anteriores de detenidos que no enfrentaron inconvenientes similares en la misma instalación.
Es inevitable cuestionar la genuflexión y el servilismo de la justicia jujeña al poder político de la provincia. ¿Cómo es posible que la mera expresión de una opinión, por más irreverente que sea, desencadene una cadena de acontecimientos que llevan a la detención y posterior traslado de un individuo?
La respuesta parece encontrarse en una relación simbiótica entre la justicia y el poder político, donde la arbitrariedad florece cuando la denuncia proviene de aquellos que detentan el control político.
Como es el caso del fiscal Walter Rondón quien pidió 60 días de prisión preventiva invocando una posible obstaculización de la investigación, sin dar más fundamentos y la del juez Roberto Darío Assef, quién ordenó la detención, negara el arresto domiciliario y retacea información tanto a la familia como a la prensa.
Exigimos la pronta liberación de Nahuel Morandini y un esclarecimiento inmediato de los cargos en su contra. Es imperativo que la justicia jujeña, en vez de convertirse en un instrumento de intimidación, se dedique a salvaguardar los derechos fundamentales de sus ciudadanos. La arbitrariedad y la opacidad en los procesos judiciales deben ser erradicadas, para que la confianza en la imparcialidad del sistema no sea socavada.
La familia de Nahuel Morandini merece respuestas claras y la tranquilidad de saber que la justicia se basa en principios rectores, no en caprichos políticos. La libertad de expresión no puede ser sacrificada en el altar de la conveniencia política, y la sociedad jujeña merece una justicia que defienda sus valores democráticos más allá de las coyunturas políticas del momento.
