El anunció de congelamiento de las pautas publicitarias por el período de seis meses, en un contexto de 20% de inflación mensual, es prácticamente decretar su licuación total en ese lapso de tiempo y un durísimo golpe para el sector de los medios de comunicación.
El Gobierno Nacional de Javier Milei, a días de asumido, oficializó la suspensión de la pauta publicitaria a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial. El Poder Ejecutivo insistió en profundizar “los criterios de austeridad”, aunque exceptúa de la suspensión a “los actos de publicidad oficial cuya obligatoriedad surja de la normativa vigente, así como a las campañas que resulten derivadas de casos de fuerza mayor o necesidades comunicacionales puntuales debidamente justificadas que pudieran sobrevenir».
Por su parte el ministro de Infraestructura del Gobierno de Salta, Sergio Camacho, anunciaba un paquete de medidas de ajuste para la provincia, centradas esencialmente en el gasto estatal pero incluyendo también el recorte a los medios de comunicación, con el congelamiento de las pautas publicitarias por el transcurso de 180 días
El anunció de congelamiento de las pautas publicitarias por el período de seis meses cuando se espera un 20% de inflación mensual, es prácticamente decretar su licuación total en ese lapso de tiempo.
También desde la Municipalidad de la Ciudad de Salta, a través de la Secretaria de Gobierno, Agustina Agolio, se comunicó medidas de ajuste que contienen el congelamiento de la pauta publicitaria a medios de comunicación por 180 días, que en la práctica significó la suspensión de la misma por el lapso de al menos tres meses.
¿Qué es la Pauta Publicitaria?
La legislación argentina vigente en la materia, sostiene que la Constitución Nacional garantiza el principio de publicidad de los actos de Gobierno y el derecho de acceso a la información pública a través del Artículo 1º, de los Artículos 33, 41, 42 y concordantes del Capítulo Segundo y del Artículo 75 inciso 22 que incorpora con jerarquía constitucional diversos tratados internacionales (Decreto 1172/2003).
A su vez, para el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja, de la Facultad de Derecho de la UBA, “la publicidad de los actos de gobierno es uno de los principios básicos de nuestro sistema republicano. Su esencia democrática permite que el pueblo pueda conocer la actividad que llevan adelante sus representantes en pos del bien común”.
Las “Pautas Publicitarias” son partidas de fondos públicos destinadas por mandato constitucional a la difusión de la gestión de la administración nacional, provincial o municipal, empresas o sociedades del estado, los entes descentralizados del mismo u otros organismos donde la participación mayoritaria sea gubernamental.
A cambio de estos fondos públicos, se difunden campañas a través de distintos medios de comunicación gráficos, web o audiovisuales, como el anuncio de medidas económicas, pago de jubilaciones, campañas preventivas de salud, entre otras. Además la Constitución Nacional obliga al Estado a la promoción y difusión de la preservación del medio ambiente, como así también los derechos del consumidor (Art 41 y 42). Es decir, el Estado, en sus diferentes jurisdicciones, está obligado, por la máxima ley de la República, a publicitar y es inapelable.
De hecho, existe una importante jurisprudencia en la justicia argentina sobre el principio de obligatoriedad de la publicidad de los actos de gobierno, como el que afirma que “los funcionarios a cargo de la gestión de administrar tienen la obligación de rendir cuentas y dar a conocer sus actos”, emitido por el STJ de Formosa en una causa en la que ordenó a un intendente a rendir cuentas e informar sobre el destino de fondos nacionales para el municipio.
Abuso en el uso de las pautas ¿Publicidad o propaganda?
En la práctica ocurre, en distintos tipos de administraciones, que este mandato constitucional, al no estar regulado y ni establecido la manera de distribuir esos fondos públicos entre medios de comunicación, se vuelve confuso y poco transparente.
En la gran mayoría de los casos, se termina resolviendo de manera discrecional y muchas veces se hace un uso abusivo de la publicidad institucional.
Para la ONG Poder Ciudadano, “la escasa legislación que regula la distribución de pauta publicitaria en nuestro país genera amplios espacios de discrecionalidad en la relación gobiernos -medios de comunicación. La ausencia de criterios objetivos para la distribución de pauta publicitaria la convierte en una herramienta que puede ser utilizada para premiar o castigar de acuerdo a las líneas editoriales de los medios, poniendo en juego la libertad de expresión a través de un posible condicionamiento económico”.
“Este tipo de presiones pueden convierten esta legítima potestad del Estado de comunicar, en una herramienta de presión política y proselitismo: por un lado, la asignación discrecional y por el otro, la difusión de mensajes de contenido electoral, partidario o propagandístico”, agregan desde la ONG.
A su vez, esta misma discrecionalidad genera las condiciones para la creación y mantenimiento de medios afines a los oficialismos de turno, que se crean y sostienen casi exclusivamente al calor de la publicidad oficial.
Otra cuestión importante se da en épocas electorales, porque los políticos que quieren acceder al poder se encuentran en desventaja si tienen que competir con el gobernante en ejercicio, el cual, no es de extrañar, concentrará su esfuerzo en difundir lo hecho y lo que está haciendo.
Hay que reconocer que está en crecimiento la práctica que, so pretexto de dar a publicidad los actos de gobierno, se puede apreciar en distintas jurisdicciones el uso de fondos públicos para financiar propaganda política. La publicación del nombre, la voz o la foto de determinado funcionario, a la hora de comunicar actos institucionales, claro acto de abuso en el uso de una herramienta constitucional.
Posición del Sector
Llamativamente, a pesar de la magnitud de estas medidas, no muchos integrantes del sector de medios de comunicación se han expresado al respecto de tan inusual hecho como la suspensión o congelamiento de las pautas publicitarias, tanto a nivel nacional como provincial.
Uno de los pocos en alzar su voz fue Martín Etchevers, presidente de la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa), , recordó días atrás que “hacer periodismo profesional es costoso” y que “la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema” señaló que “el Estado no puede desentenderse de la viabilidad de la prensa”. Además, indicó que la publicidad de los actos de gobierno es un principio derivado de la Constitución y forma parte de las políticas públicas vinculadas a la sostenibilidad de los medios.
“Es algo que existe en todo el mundo y también aquí, desde el retorno de la democracia. Que hace a la rendición de cuentas de la gestión, a la transparencia de las contrataciones, a la necesidad de campañas sanitarias o de servicio al ciudadano. Una práctica que requiere ser canalizada a través de organizaciones empresarias formales y establecidas, que cumplan con la ley. La publicidad oficial no puede ser ni un subsidio ni un beneficio. Mucho menos un premio o un castigo. Y si hubiera casos en que lo fuera, deben ser corregidos”, subrayó el dirigente sectorial en su 61 aniversario de la fundación de la entidad.
Conclusión
Ante la compleja situación económica que tiene el país, que contempla indicadores altos de pobreza, entre otros, puede entenderse el pedido de un esfuerzo por parte del conjunto de la sociedad para cambiar el presente escenario. También puede ser atendible ante tal circunstancias que el ajuste recaiga en algunos sectores más que en otros, dada la rápida posibilidad de los gobiernos de suspender las pautas publicitarias.
Hasta ahora, desde el sector medios de comunicación, no ha levantado mayormente su voz y se mostrado dispuesto a colaborar, hacer su parte del esfuerzo colectivo demandado y transitar meses de altísima inflación con pautas congeladas o suspendidas, lo cual será difícil para muchos.
Los medios de comunicación en Argentina y en la Provincia de Salta se han mantenido firmes con su compromiso de continuar informando, educando y entreteniendo a sus respectivas audiencias, aún en estos duros tiempos.
Sin embargo, es fundamental para la República, no perder la observancia de uno de los principios básicos de nuestro sistema republicano, la publicidad de los actos de gobierno, como principio de transparencia. La publicidad oficial, es un mandato constitucional y tiene como objetivo comunicar o rendir cuentas a la ciudadanía, y no debe convertirse en propaganda que induzca el voto o favorezca la imagen de un funcionario.
