El costoso sistema de justicia a favor del poder y en contra de ciudadanos comunes.
El día 4 de enero quedó detenido el profesor Marcelo Nahuel Morandini, docente de la Universidad Nacional de Salta, por orden del fiscal Walter Rondón. Según información de la policía, Morandini fue detenido debido a publicaciones en Twitter, a raíz de una denuncia de la esposa del ex gobernador Gerardo Morales, Tulia Snopek.
Se le atribuyen delitos graves, habitualmente imputados en casos de apropiación de bebés en causas de lesa humanidad. La acusación es por supuestas “lesiones físicas y psicológicas a la hija del ex gobernador Morales, y por un insólito delito de supresión y suposición del estado civil e identidad de una persona”.
En la audiencia, el impresentable fiscal Walter Rondón solicitó 60 días de prisión preventiva invocando una posible obstaculización de la investigación, sin dar más fundamentos. La defensa solicitó detención domiciliaria pero el juez actuante Roberto Darío Assef, otro impresentable, rechazó el pedido, pese a que ambos detenidos, desde un primer momento, se pusieron a disposición de la justicia y entregaron sus teléfonos celulares, demostrando permanentemente que no existe intención de entorpecimiento.
Morandini fue citado con una orden que carecía de número de expediente y carátula, y aunque se dirigió voluntariamente a la oficina de Delitos Complejos, fue detenido sin conocer la causa. Le confiscaron su celular y le quitaron sus anteojos, dejándolo sin la posibilidad de defenderse.
La absurdidad de estos cargos suscita recuerdos de épocas oscuras, donde la arbitrariedad y la venganza dictaban la suerte de los ciudadanos.
La hija de Morales, presuntamente afectada, tiene poco más de un año, y la viabilidad de evaluar daño psicológico a tan temprana edad es cuestionable. La acusación de alterar la identidad de la menor mediante un tuit irónico resulta aún más increíble, desafiando el sentido común y la lógica.
Asombra la obsecuencia con la que actúa la justicia en Jujuy cuando las denuncias emanan desde el poder, al punto de realizar interpretaciones torcidas de la ley para encontrar rápidamente culpables, a cualquier precio. Más inquietante aún es la falta de respeto de la Policía, fiscales y jueces jujeños por la libertad de expresión.
Si actitudes como la del ex gobernador Morales se normalizan, la libertad de prensa y expresión estaría amenazada. Publicar, informar, ironizar y cuestionar a los gobernantes serían actividades riesgosas, socavando los principios democráticos.
Los comentarios vertidos por Morandini en Twitter hacían referencia a un asunto instalado previamente y de público conocimiento al momento de la publicación, que en ningún momento hacen referencia a la menor aludida. Es decir, el joven esta privado de su libertad por una opinión satírica de un hecho social, una humorada sobre lo que «está hablando todo el mundo». Hubieron cientos de publicaciones similares previamente, hecho fácilmente comprobarle. La arbitrariedad es flagrante.
También sería oportuno informarles a los funcionarios judiciales jujeños que el ejercicio de la libertad de expresión, incluye la posibilidad realizar «sátira política», de la que gozamos todos los ciudadanos y que se encuentra desde que ha habido un gobierno organizado en la historia de la humanidad.
La sátira puede rastrearse a lo largo de la historia; allí donde ha existido un gobierno organizado, ha habido sátira. El ejemplo más antiguo que ha sobrevivido hasta hoy es Aristófanes, en la actualidad hay periódicos satíricos y humorísticos en todas las democracias avanzadas del mundo, está establecido y es aceptado por los políticos como parte de las reglas del juego. Restringirla , perseguirla y censurarla es un grave atentado a la ciudadanía.
La Justicia como venganza
Lo preocupante de la situación es que quizás, el Docente Universitario, no haya sido detenido por un tuit satírico, si no, tal vez por su explicito apoyo a los cortes de ruta realizados por comunidades originarias, durante el recién trascurrido 2023, lo cual también reviste extrema gravedad institucional en la provincia de Jujuy.
Es imperativo defender el derecho a la libertad de expresión, incluso cuando no estamos de acuerdo con el contenido del discurso. La detención de Morandini plantea serias preguntas sobre el uso del poder judicial como instrumento de represión política, socavando los fundamentos de una sociedad democrática.
