sábado, junio 7, 2025
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    La Paralización de la Obra Pública Nacional en Salta: Un Golpe Devastador para la Provincia.

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    La detención total de la obra se está volviendo muy perjudicial para algunas regiones, sobre todo las más desfavorecidas históricamente como Salta. Obras como la planta depuradora de agua la capital, la construcción de viviendas sociales, la detención de proyectos viales esenciales, como la pavimentación de rutas y la construcción de puentes, obstaculizan la conectividad y el desarrollo económico regional.

     

    En recientes declaraciones a un matutino local, el ministro de infraestructura Sergio Camacho detalló la paralización de la obra pública nacional en la provincia de Salta. Hecho que no solo pone en evidencia una grave crisis de financiamiento, sino que también expone las dramáticas consecuencias que esta situación acarreará para Salta en un futuro cercano.

    Bajo la administración del presidente Javier Milei, la premisa de «no hay plata» ha resultado en la suspensión de aproximadamente 70 proyectos, acumulando una deuda estimada en 120 millones de dólares con la provincia.

    La obra pública es fundamental para el desarrollo económico y social de cualquier región. En el caso de Salta, la dependencia de los recursos nacionales es alarmante, alcanzando el 75% del presupuesto provincial. La detención de estos proyectos implica un golpe directo a la economía local, con la pérdida de empleos y la interrupción de mejoras vitales en infraestructura que afectan tanto a la calidad de vida de los ciudadanos como a las posibilidades de crecimiento futuro.

    Uno de los proyectos más significativos afectados es la planta depuradora sur en la capital salteña, financiada por un préstamo internacional del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A pesar de contar con estos fondos, la obra se ha detenido, evidenciando una gestión ineficaz y una preocupante dependencia de la autorización y desembolso por parte del gobierno nacional. Este es solo un ejemplo de cómo la burocracia y la falta de voluntad política pueden sabotear el progreso.

    La paralización de la construcción de viviendas sociales es otro aspecto crítico. Más de 1.900 casas, que beneficiarían a miles de familias salteñas, están actualmente en el limbo. Esta situación no solo agrava la crisis habitacional, sino que también refleja un desinterés por parte del gobierno central en mejorar las condiciones de vida de los sectores más vulnerables.

    Las consecuencias de esta parálisis son aún más amplias. La detención de proyectos viales esenciales, como la pavimentación de rutas y la construcción de puentes, obstaculiza la conectividad y el desarrollo económico regional. Además, la suspensión de obras en el ámbito educativo, con seis nuevas escuelas y más de 30 ampliaciones detenidas, compromete el futuro de la educación en Salta, afectando directamente a las próximas generaciones.

    En un contexto donde la obra pública debería ser un motor de desarrollo y bienestar, la paralización de estos proyectos envía un mensaje desolador. Salta se encuentra atrapada en  una alarmante falta de financiamiento, lo que podría llevar a la provincia a una crisis aún mayor.

    Es entendible el pedido de un esfuerzo por parte del gobierno nacional hacia  todos los sectores de la República para atravesar esta crisis y podría considerarse algunos recortes o controles más excautivos a la obra pública pero su detención total se está volviendo my perjudicial para algunas regiones, sobre todo las más desfavorecidas históricamente.

    Por ello es urgente  y necesario que el gobierno nacional revise su política de financiamiento y retome su compromiso con las provincias. La paralización de la obra pública no es solo un problema técnico o económico, es una cuestión de justicia social y desarrollo equitativo. Salta no puede seguir esperando mientras se deteriora su infraestructura y se multiplican las necesidades de su población.

    Lla situación en Salta exige una acción inmediata y decidida. Es imperativo que se reanude el financiamiento de la obra pública para evitar un colapso que tendría repercusiones negativas a largo plazo. La provincia necesita y merece un compromiso real del gobierno central para asegurar un futuro de progreso y bienestar para todos sus habitantes.

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