Lo que llega a Salta no es una transferencia directa de recursos ni una inversión genuina desde Buenos Aires, sino una simple garantía para que la provincia acceda a un crédito del BID.
El reciente anuncio del gobernador Gustavo Sáenz y el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, sobre el convenio de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por USD 50 millones para el desarrollo productivo y exportador de Salta, ha sido presentado como un gran logro para la provincia. Sin embargo, al analizar en detalle este acuerdo, surgen varias cuestiones que ponen en duda la real magnitud de esta «ayuda» y el verdadero impacto que tendrá para los salteños.
En primer lugar, es importante recordar el contexto en el que se produce este anuncio. Desde hace casi siete meses, el gobierno de Salta ha desplegado esfuerzos considerables para alinearse con el Poder Ejecutivo Nacional. La predisposición de los legisladores provinciales para votar la ley ómnibus y la firma del Pacto de Mayo son claros ejemplos de esta estrategia de acercamiento. No obstante, después de todo este esfuerzo político, lo que llega a Salta no es una transferencia directa de recursos ni una inversión genuina desde Buenos Aires, sino una simple garantía para que la provincia acceda a un crédito del BID.
El convenio contempla la construcción de un polo tecnológico en la capital y un centro de capacitación en San Antonio de los Cobres. Estos proyectos beneficiarán a empresas productivas, universidades, investigadores, estudiantes e instituciones, según lo comunicado. Sin embargo, es esencial cuestionar si estos fondos realmente tienen el potencial de revitalizar la economía provincial de manera significativa o si, en cambio, representan solo migajas en un contexto de necesidad mucho mayor.
El monto del crédito, USD 50 millones, es considerable pero limitado cuando se considera la magnitud de los desafíos económicos que enfrenta Salta. La creación de polos tecnológicos y centros de capacitación, aunque valiosa, no parece suficiente para afrontar situaciones que requieren intervenciones inmediatas y de mayor escala. Además, estos proyectos están claramente alineados con la agenda del BID, lo que podría indicar que los fondos están más orientados a cumplir con los objetivos del banco que con las necesidades urgentes de la provincia.
Otro punto crucial es la sostenibilidad de este tipo de financiamiento. Un crédito, aunque con garantía nacional, implica un compromiso financiero que la provincia deberá asumir a futuro. ¿Está Salta en condiciones de garantizar el retorno de esta inversión sin comprometer aún más su ya frágil situación fiscal? La experiencia muestra que la provincia sigue pagando deuda en dólares, contraídas por anteriores gestiones, con obras que muchas veces, ni siquiera se terminaron.
Finalmente, cabe preguntarse si esta iniciativa no es más que una maniobra política para mostrar una supuesta cooperación y apoyo desde Buenos Aires, sin que esto se traduzca en verdaderos cambios estructurales para la provincia. El rimbombante anuncio parece más un espectáculo político que una solución concreta a los problemas económicos de Salta.
Aunque la firma del convenio con el BID pueda parecer un paso adelante, es fundamental mantener una mirada crítica y realista. La provincia necesita más que garantías para acceder a créditos; necesita un compromiso verdadero y recursos significativos que promuevan un desarrollo sostenible y equitativo. Hasta que eso no ocurra, los salteños seguirán recibiendo solo migajas de un apoyo político que pide mucho, pero entrega muy poco.
