A pesar de los festejos, no debemos olvidar que Argentina está entregando sus recursos a un precio ridículamente bajo, en condiciones muy alejadas de las que otros países, con una gestión más firme y visionaria, han logrado para la explotación de los mismos minerales.
En un país que atraviesa una crisis económica y social sin precedentes, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) se presenta como la solución milagrosa para atraer inversiones que, supuestamente, catapultarán a la Argentina y a provincias como Salta hacia el tan ansiado desarrollo. Sin embargo, detrás de los discursos oficiales que celebran esta normativa, se esconde una realidad preocupante: Argentina está entregando sus recursos a un precio ridículamente bajo, en condiciones muy alejadas de las que otros países, con una gestión más firme y visionaria, han logrado para la explotación de los mismos minerales.
Mientras el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos, y su equipo elogian el RIGI como una oportunidad para captar inversiones en el sector minero y energético, la cruda realidad es que las grandes corporaciones mineras están obteniendo condiciones de extracción en nuestro país que no podrían soñar en otras partes del mundo. El ejemplo de Chile es elocuente: mientras que en Argentina se debate la adhesión a un régimen que llegaría al 5% de regalías en boca de mina para nuevos proyectos, Chile ha logrado imponer un royalty que oscila entre el 10% y el 40%, dependiendo del mineral y del precio de mercado, sin comprometer su atractivo para las inversiones.
La obligación de contratar un 20% de proveedores locales, presentada como un gran logro, no es más que un parche que no compensa el gigantesco desequilibrio en la relación costo-beneficio para la provincia. Mientras tanto, los controles ambientales, que deberían ser una prioridad para cualquier proyecto extractivo, se mantienen bajo la nebulosa regulación provincial, sin garantías de que realmente se cumplan los estándares necesarios para proteger nuestros ecosistemas.
En conclusión, la adhesión al RIGI no es más que otro capítulo en la triste historia de un país que sigue apostando al cortoplacismo y a la dependencia de capitales extranjeros en lugar de desarrollar una estrategia sustentable y nacional que ponga a la Argentina y a provincias como Salta en una posición de verdadera fortaleza. Es hora de que nuestros dirigentes dejen de celebrar políticas que nos condenan a ser simples espectadores de la explotación de nuestros recursos y empiecen a negociar con la firmeza y la visión que han demostrado otros países de la región.
