La infiltración del narcotráfico en las estructuras municipales y judiciales, donde incluso se menciona a un juez involucrado en maniobras irregulares, exige respuestas urgentes de los gobiernos nacional y provincial
La reciente detención del intendente de Aguas Blancas, Carlos Martínez, acusado de entorpecer la investigación por el homicidio de su propio hermano, César «Oreja» Martínez, ha dejado en evidencia la creciente fragilidad institucional en uno de los principales pasos fronterizos de la provincia de Salta. Lo que comenzó como un crimen brutal en noviembre de 2023 ha destapado un entramado de corrupción, narcotráfico y complicidades que involucran a funcionarios locales y del poder judicial, revelando la alarmante realidad de una región que parece abandonada a su suerte.
El caso es más que un episodio aislado. La infiltración del narcotráfico en las estructuras municipales y judiciales, donde incluso se menciona a un juez involucrado en maniobras irregulares, exige respuestas urgentes de los gobiernos nacional y provincial. La detención del intendente Martínez por acceder ilegalmente a información confidencial del caso, supuestamente bajo secreto de sumario, no solo confirma el nivel de connivencia sino que también refleja el descontrol reinante en Aguas Blancas, una localidad estratégica para el tráfico ilegal de drogas y armas.
Con la intervención del municipio aprobada por la Cámara de Diputados, parece que finalmente se ha dado un paso en la dirección correcta. El procurador de la provincia, Pedro García Castiella, ha reconocido que la medida era «esperable» ante el nivel de infiltración de las bandas criminales en la administración local. Sin embargo, esta intervención, aunque necesaria, no es suficiente.
Aguas Blancas se encuentra en una situación límite. El asesinato de César Martínez a manos de sicarios mientras cumplía prisión domiciliaria, la corrupción desbordada y el descontrol en la frontera, muestran que las instituciones han llegado a un punto de no retorno. ¿Dónde estaban las autoridades nacionales y provinciales cuando la situación se deterioraba de tal manera? ¿Cómo es posible que uno de los pasos fronterizos más importantes del país haya sido dejado a merced del narcotráfico sin ningún tipo de acción preventiva?
La respuesta debe ser contundente y coordinada. Aguas Blancas requiere una intervención de fondo, no solo en términos institucionales, sino también en materia de seguridad fronteriza y control del narcotráfico. La omisión en este sentido permitiría que las bandas criminales, que ya dominan gran parte de la región, terminen de tomar el control total, desbordando no solo a las autoridades locales, sino también al Estado nacional.
El caso del intendente Martínez es un síntoma, no la enfermedad. Salta, con su extensa frontera, es un terreno fértil para el crimen organizado. No podemos permitir que esta situación se vuelva irreversible. Las autoridades deben actuar con decisión y firmeza, antes de que el narcotráfico se convierta en el verdadero poder en la región.
La intervención de Aguas Blancas es el primer paso, pero ahora es fundamental que se refuercen los controles en la frontera y se recuperen las instituciones locales. De lo contrario, Aguas Blancas será solo el principio de un problema mucho mayor.
