La provincia de Salta no parece estar en condiciones de soportar un ajuste severo, y las alternativas para reducir el gasto público sin un impacto social profundo son limitadas.
El presidente Javier Milei, en una puesta en escena inédita y en horario de máxima audiencia, presentó el proyecto de Presupuesto 2025 ante el Congreso. Con una oratoria contundente, destacó que su gobierno ya ha cumplido con su parte del trato en la reducción del gasto público. Ahora, según sus propias palabras, es el turno de las provincias, a quienes les impuso un desafío titánico: realizar un ajuste adicional de 60.000 millones de dólares para alcanzar el déficit cero.
Ante este panorama, la pregunta que resuena en Salta es ineludible: ¿qué hará el gobernador Gustavo Sáenz? La provincia ya está sumida en preocupantes estadísticas de pobreza, con una economía que se tambalea frente a la falta de inversiones y de generación de empleo genuino. Entonces, ¿cómo podrá Sáenz cumplir con el pedido presidencial sin afectar aún más a los sectores más vulnerables?
¿Un ajuste posible?
La propuesta de Milei, aunque aplaudida por sectores que buscan una reactivación económica basada en el rigor fiscal, deja poco margen de maniobra para las provincias que dependen fuertemente de la coparticipación y del flujo constante de fondos nacionales. En Salta, la realidad es que un ajuste de las características que demanda el presidente podría resultar devastador.
Uno de los interrogantes que surge es: ¿en qué áreas se recortarán los recursos? La salud, la educación y los programas sociales son pilares fundamentales en una provincia que ya arrastra índices alarmantes de pobreza estructural. ¿Será posible recortar en estos sectores sin afectar de manera crítica a la población? La respuesta parece estar en una encrucijada entre el pragmatismo fiscal y la realidad social.
La presión sobre Sáenz
Gustavo Sáenz, conocido por su habilidad para navegar las aguas políticas, enfrenta ahora una situación compleja. En su estrategia de alineamiento con el gobierno nacional, ha mostrado una capacidad camaleónica para adaptarse a las demandas de Buenos Aires. Sin embargo, el mandato de Milei representa un nuevo desafío. La provincia de Salta no parece estar en condiciones de soportar un ajuste severo, y las alternativas para reducir el gasto público sin un impacto social profundo son limitadas.
¿Buscará el gobernador renegociar las condiciones del ajuste? ¿Habrá algún margen para atenuar las exigencias del presidente en un contexto donde las provincias más afectadas, como Salta, no pueden garantizar servicios básicos sin el respaldo económico del Estado? El discurso de Milei dejó entrever que no habrá concesiones, y la presión sobre los mandatarios provinciales será implacable.
Las consecuencias de un ajuste en una provincia empobrecida
Salta, que figura entre las provincias con mayores niveles de pobreza del país, no puede permitirse más sacrificios sin un plan que contemple el desarrollo económico a mediano y largo plazo. El ajuste que propone Milei, sin la generación de empleo ni un crecimiento productivo real, podría resultar contraproducente. De hecho, el dilema de Sáenz es cómo recortar sin profundizar la crisis social y económica que ya afecta a miles de salteños.
En este contexto, la posibilidad de un colapso en los servicios esenciales no es una idea descabellada. Los sectores más vulnerables de la provincia, que dependen de los programas sociales y las políticas asistenciales, serían los más golpeados por cualquier tipo de recorte en las partidas presupuestarias. ¿Cómo responderá el gobernador a esta situación? ¿Tendrá Sáenz la capacidad de encontrar soluciones creativas que no desangren a la provincia, o cederá a las demandas de la Casa Rosada sin más remedio?
El discurso de Javier Milei ha dejado a las provincias, y en particular a Salta, en una posición complicada. Gustavo Sáenz deberá decidir si se convierte en un ejecutor fiel del ajuste que exige el presidente o si intentará renegociar condiciones que no condenen a su provincia a una crisis aún mayor. Las opciones son pocas y los tiempos, apremiantes. Lo que está en juego no es solo la relación política entre la Nación y Salta, sino el futuro de miles de salteños que no pueden permitirse un ajuste más en su ya precaria realidad.
