Desde esta columna editorial nos preguntamos si el accionar de Alberto Fernández mientras ejerció el cargo más alto que se puede tener en el país, fue un hecho excepcional, o tal vez ese tipo de abuso de poder se extiende al resto de la política argentina.
En tiempos recientes, la ciudadanía argentina y la comunidad internacional han sido testigos de una serie de revelaciones que, aunque impactantes, parecen más propias de un guion de telenovela que de la realidad política de un país.
Entre las noticias más resonantes de agosto, se destacó la denuncia por violencia doméstica en la mismísima residencia presidencial, y las imágenes filtradas del entonces presidente Alberto Fernández haciendo uso indebido y vergonzoso del Salón Presidencial de Olivos. Lo más inquietante de estos episodios, no es solo la conducta inapropiada de un mandatario, sino lo que esta revela sobre el abuso del poder en la política argentina.
Desde esta columna editorial, nos preguntamos si el comportamiento del ex presidente fue un hecho aislado o si, por el contrario, es solo la punta del iceberg de un problema más profundo y extendido en la cultura política de nuestro país. No es un secreto que el poder, cuando se acumula y no se distribuye equitativamente, puede ser un arma peligrosa.
Los líderes que sucumben a la tentación de abusar de sus privilegios personales conllevan a la degradación de la institución que representan y erosionan la confianza pública en el sistema democrático.
Este tipo de comportamientos es, lamentablemente, parte de una tendencia que ha sido documentada en diversas ocasiones a lo largo de nuestra historia política. La tentación de confundir el poder otorgado por el pueblo con un permiso para satisfacer deseos personales ha sido, y sigue siendo, una constante entre ciertos líderes. Esto nos lleva a cuestionar no solo a aquellos que han caído en estas prácticas, sino a la estructura misma que les permite actuar con impunidad.
¿Y en Salta?
Llevando esta reflexión a la provincia de Salta, es crucial estar atentos a estos temas. La concentración de poder en manos de unos pocos es, sin lugar a dudas, un caldo de cultivo para el abuso. En una región donde la política tiende a ser controlada por un reducido grupo de personas, el riesgo de caer en la tentación de aprovecharse del poder aumenta exponencialmente. Los ciudadanos deben estar vigilantes, no solo ante los grandes escándalos, sino también frente a esas pequeñas acciones que, aunque aparentemente insignificantes, revelan la verdadera naturaleza de quienes nos gobiernan.
Finalmente, debemos recordar que la esencia de la democracia radica en la integridad y en la conducta intachable de quienes son elegidos para liderar. Es fundamental que, como sociedad, no permitamos que los abusos de poder se normalicen o pasen desapercibidos. La vigilancia ciudadana es la primera línea de defensa contra la corrupción y la degradación de nuestras instituciones. Es nuestra responsabilidad colectiva exigir que nuestros líderes actúen con decoro y responsabilidad, evitando caer en los excesos que tan fácilmente pueden corromper incluso a los mejores intencionados.
