La imputación de Benjamín Cruz, ex Secretario de Seguridad, por tráfico de influencias, y las visitas clandestinas de Monges a peligrosos delincuentes en penales de la región, plantean serias dudas sobre la infiltración del crimen organizado en el aparato estatal.
La provincia de Salta se enfrenta a una situación crítica que expone los oscuros vínculos entre el poder político y el narcotráfico. La evidencia más escalofriante de esta relación se reveló con el asesinato de Darío Esteban Monges, un reconocido operador político.
El 3 de septiembre de 2022, Monges fue hallado acribillado en su camioneta Ford EcoSport en el barrio El Círculo de la ciudad de Salta. La escena, con cinco disparos en la cabeza, tenía claros indicios de un ajuste de cuentas de estilo mafioso. Desde ese momento, emergieron conexiones preocupantes que involucran a figuras políticas claves de la provincia.
Monges, quien realizaba visitas a narcotraficantes detenidos en diferentes penales de la región, lo hacía en nombre de Benjamín Cruz, ex policía y, en ese entonces, Secretario de Seguridad de la Provincia. A partir de estas visitas, la justicia inició una investigación que expuso las profundas fisuras dentro del sistema de seguridad de Salta. Cruz fue imputado por tráfico de influencias, un delito que implica utilizar su posición para ejercer presión en otros funcionarios con el fin de obtener beneficios personales o favorecer a terceros. La pena para este delito, de comprobarse, incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Las visitas de Monges a los penales, en nombre de Cruz, culminaron en un escándalo cuando se descubrió que el operador político se presentó en la Unidad Carcelaria de Orán, donde se entrevistó con Oscar Alberto Alejandro Díaz, un peligroso narcotraficante procesado. El ingreso de Monges, que se llevó a cabo bajo la autorización del entonces Director General de Políticas Penales, Ángel Sarmiento, plantea serias dudas sobre la participación de altos funcionarios en la facilitación de estas reuniones clandestinas. La investigación sigue su curso y Sarmiento también enfrenta cargos por abuso de autoridad y revelación de secretos, delitos que ya han sido elevados a juicio.
Este caso es solo la punta del iceberg de una trama más amplia que desnuda la penetración del narcotráfico en las estructuras de poder político en Salta. La compleja red de influencias y favores parece estar enraizada en los más altos niveles de la administración pública. La justicia está comenzando a desenmarañar los nexos entre políticos y el crimen organizado, pero el impacto de estas revelaciones ya ha generado un clima de desconfianza y temor en la sociedad.
La situación plantea interrogantes urgentes sobre la capacidad de las autoridades para controlar la creciente influencia del narcotráfico en la provincia. El asesinato de Monges ha dejado en evidencia que, lejos de estar confinada a los márgenes del crimen, la actividad narco está permeando las esferas del poder. Los fiscales encargados de la investigación, Mariana Torres y Ramiro Ramos Ossorio, han subrayado la gravedad de los hallazgos, especialmente en lo que respecta al papel de funcionarios que, aprovechando sus cargos, han facilitado el acceso a delincuentes peligrosos.
A medida que las investigaciones avanzan, la sombra del narcotráfico sigue extendiéndose sobre Salta. Los hechos recientes confirman que el poder político, lejos de combatir esta amenaza, ha sido cómplice de su expansión. La provincia enfrenta una encrucijada en la que la transparencia y el imperio de la ley deben prevalecer para detener la erosión de la democracia frente a la infiltración del crimen organizado. La sociedad salteña, expectante, espera una respuesta contundente de las autoridades para restaurar la confianza perdida.
