Los hechos muestran que las medidas implementadas por las autoridades provinciales han sido insuficientes. El foco parece estar más centrado en la recaudación que en la prevención, los números así lo indican.
Las cifras son devastadoras: 2.500 siniestros viales y 118 víctimas fatales en lo que va del año en la provincia de Salta. Frente a esta realidad, resulta difícil otorgar credibilidad a las declaraciones optimistas del director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, Francisco Fleming, y del director de Operaciones de Seguridad Vial de la Policía, Adrián Sánchez Rosado. Ambos, en sus recientes intervenciones mediáticas, parecen más interesados en justificar sus magros resultados que en asumir la responsabilidad por un sistema que, pese a las altísimas multas, ha fracasado en su objetivo principal: salvar vidas.
Los funcionarios insisten en hablar de un “cambio de cultura” y en la necesidad de “generar conciencia” como un trabajo a largo plazo. Sin embargo, los hechos muestran otra cosa: las medidas implementadas hasta ahora han sido insuficientes, y el foco parece estar más en la recaudación que en la prevención.
Las multas por alcoholemia, que oscilan entre los $100.000 y los $900.000, son un claro ejemplo. A pesar de su elevado costo, no han logrado reducir la conducción bajo los efectos del alcohol, un factor recurrente en los siniestros más graves. La pregunta que surge es evidente: ¿son estas sanciones una herramienta de prevención o simplemente un mecanismo recaudatorio?
La ironía de Sánchez Rosado al mencionar que en muchos casos “hay mucho trabajo del ángel de la guarda” resulta grotesca cuando se enfrenta a las estadísticas de tragedias que pudieron haberse evitado con políticas más efectivas. Mientras tanto, Fleming admite que las conductas imprudentes y la violencia al volante son moneda corriente en Salta. Pero reconocer el problema no es suficiente; lo que falta es una estrategia seria y creativa para abordarlo.
La clave del fracaso radica en la falta de enfoque integral. Las multas elevadas no alcanzan si no se acompañan de campañas masivas de concienciación, controles efectivos y educación vial constante. A esto se suma la necesidad de una infraestructura adecuada que facilite el tránsito seguro, algo que brilla por su ausencia en muchas calles y rutas salteñas. Sin embargo, las autoridades parecen contentarse con la aplicación de sanciones como único recurso, ignorando la raíz de los problemas.
Resulta urgente un replanteo profundo de las políticas de seguridad vial en Salta. Los discursos grandilocuentes y las promesas de cambios a diez años no salvan vidas. Lo que hace falta son acciones inmediatas, efectivas y genuinamente preventivas. ¿Qué tal si los organismos responsables dejan de centrarse en recaudar y comienzan a enfocarse en evitar tragedias? El pueblo salteño no merece pagar con vidas humanas los costos de una gestión ineficiente e insensible. Es hora de que las autoridades se responsabilicen y demuestren que están a la altura del desafío.
