Los datos del informe son contundentes. Salta, junto a otras provincias como Tucumán, Catamarca y Misiones, fue parte de un esquema en el que los ATN sirvieron para asegurar apoyo legislativo en el Congreso.
En un contexto en el que la discrecionalidad de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) sigue vigente, un reciente informe de Politikon Chaco reveló que Salta fue la provincia más beneficiada en noviembre de 2024, recibiendo un récord de 6.000 millones de pesos.
Este estudio de los ATN revela -con datos oficiales- como fue el mecanismo de asignación de premios y contraprestaciones por las leyes que salieron o bien que no salieron en el Congreso. Una política nacional que utiliza los fondos como herramienta de negociación política, premiando a los aliados y castigando a los opositores. Sin embargo, esta revelación plantea interrogantes fundamentales:
¿Qué hizo Salta con esa suma? ¿Por qué el gobernador Gustavo Sáenz no explicó su uso en su momento? Y, más importante aún, ¿qué hará ahora que estos datos están a la vista de todos?
Los fondos como moneda de cambio
Los datos del informe son contundentes. Salta, junto a otras provincias como Tucumán, Catamarca y Misiones, fue parte de un esquema en el que los ATN sirvieron para asegurar apoyo legislativo en el Congreso. En el caso de Salta, los diputados alineados con el gobernador colaboraron para mantener el veto a leyes que habrían beneficiado a universidades nacionales. Esta acción, más allá de los valores en juego, ilustra cómo las provincias fueron piezas clave en un juego de favores que contradice frontalmente el discurso anticasta del presidente Milei.
El informe también pone en evidencia que esta política de premios y castigos es aún más severa que en gobiernos anteriores. Mientras Salta recibió una tajada considerable del fondo, otras provincias, especialmente las críticas a la administración nacional, vieron caídas de hasta un 95% en las transferencias discrecionales.
Silencio y falta de transparencia
La administración de Gustavo Sáenz ha mantenido un silencio llamativo sobre el destino de estos fondos. En repetidas oportunidades, se le preguntó por la relación de su gobierno con la Casa Rosada y la asignación de recursos. Nunca hubo respuestas claras. ¿Se destinaron estos 6.000 millones a obras que mejoren la vida de los salteños? ¿Se usaron para cubrir gastos corrientes? ¿O simplemente quedaron atrapados en la maraña burocrática sin un impacto visible?
Es legítimo que los ciudadanos se pregunten qué beneficios concretos trajeron estos fondos a la provincia, especialmente en un momento en que Salta enfrenta desafíos profundos en áreas como salud, educación e infraestructura.
¿Qué hará Sáenz ahora?
Ahora que el informe ha salido a la luz, el gobernador tiene la oportunidad –y la obligación– de explicar cómo se utilizaron estos recursos. También debe tomar una postura firme sobre la política de transferencias discrecionales. ¿Continuará participando de un esquema que, si bien ha beneficiado a Salta momentáneamente, perpetúa desigualdades entre las provincias? ¿O asumirá un rol más crítico frente a la administración nacional, exigiendo reglas más equitativas para la asignación de fondos?
Lo que viene
El caso de los ATN expone con crudeza la contradicción entre el discurso y la práctica política. Salta recibió una suma sin precedentes, pero el silencio del gobierno provincial sobre su uso deja un vacío que solo genera desconfianza. Gustavo Sáenz tiene en sus manos la posibilidad de demostrar que estos recursos no fueron solo un premio político, sino una herramienta para mejorar la calidad de vida de los salteños. Si no lo hace, quedará como un gobernador que, al igual que sus pares, sucumbió al juego de los favores a expensas de su provincia. Es hora de respuestas claras y acciones concretas.
