Este lunes 24 de noviembre, la provincia de Salta inicia un nuevo ciclo parlamentario con la incorporación formal de 42 nuevos legisladores provinciales.
El acto, que incluye la jura de senadores y diputados y la elección de autoridades, marca el inicio de un período que durará hasta 2029 en el Senado y al menos hasta 2029 para los diputados.
Para quienes observamos la vida pública desde una perspectiva institucional, esta renovación legislativa trae consigo tanto expectativas como riesgos concretos, y merece un análisis atento.
Peligros que no hay que subestimar:
- Crecimiento del “poder burocrático legislativo”
Con 42 nuevos legisladores, también crece la planta legislativa, y con ello el riesgo de una red más pesada de cargos, privilegios y clientelismo. El costo del aparato parlamentario no es simbólico: según el Boletín Oficial de Salta, la planta permanente del Poder Legislativo sumaría cargos en esta estructura. Es importante que la prensa y la ciudadanía vigilen cómo se abocan esos recursos, para que no terminen en un crecimiento desmedido del Estado legislativo, en lugar de responder al interés público. - Conformación de mayorías cómodas
Si el oficialismo provincial retiene una “mayoría holgada”, como indican algunos medios, podría darse un escenario donde las decisiones más relevantes (presupuesto, comisiones clave, reformas) se definan con poca disidencia. Esto pondría en riesgo mecanismos de contrapeso y debate real, esenciales para una representación conservadora responsable. - Promesas vacías y retórica sin acción
El hecho de jurar y asumir es solo el primer paso. Queda la tarea institucional más difícil: traducir las promesas electorales en políticas públicas que realmente beneficien a Salta, su economía y su gente. En el pasado, muchos legisladores han asumido con grandes discursos, pero luego han priorizado intereses partidarios por sobre los ciudadanos. - Seguridad y transparencia
En un contexto donde la desconfianza social y la polarización política son cada vez más marcadas, la transparencia en las comisiones legislativas y en la gestión de recursos será clave. Si estos 42 nuevos miembros no están comprometidos con la rendición de cuentas, pueden consolidarse prácticas oscuras que debiliten la legitimidad institucional.
La toma de posesión de 42 nuevos legisladores en Salta no es solo una formalidad: debería ser un punto de inflexión para la política provincial. Como ciudadanos, tenemos motivos para ver con optimismo el recambio, pero también una obligación moral e institucional para no bajar la guardia.
No basta con que los legisladores juren: es necesario que actúen con responsabilidad, austeridad y visión de largo plazo. La Legislatura renovada debe tener un sentido claro de servicio público, no una lógica de enriquecimiento político. Si la sociedad exige, si los medios cubren con rigor y si la oposición (cuando exista) plantea una vigilancia seria, ese nuevo cuerpo legislativo podría transformarse en un aliado para el progreso sensato de Salta.
Este 24 de noviembre, comienza una nueva era. No la celebremos ingenuamente. Exijamos que la ocasión no sea desperdiciada.
