Opinión
Por Diego Subirada.
A la hora de hacer un recuento de los problemas relevantes que atraviesa nuestro país y también nuestra provincia en materia institucional, nos encontramos sin duda con la creciente sumisión del poderes judiciales a los respectivos poderes ejecutivos.
En nuestra provincia, el reciente proceso de designación de integrantes del Consejo de la Magistratura y del Jury de Enjuiciamiento en la Cámara de Diputados de Salta, ha generado una polémica en el ámbito político y judicial. Desde una perspectiva republicana, basada en la división de poderes, la situación es para pensar.
En primer lugar, la designación de los representantes para el Consejo de la Magistratura ha sido objeto de críticas, ya que tanto los integrantes del bloque mayoritario como de la primera minoría pertenecen al oficialismo, dejando sin lugar a la oposición en este importante órgano constitucional. Esto sin duda afecta a la pluralidad y por lo tanto a la institucionalidad.
Es clave recordar que la presencia de la oposición es fundamental para garantizar el equilibrio y el contrapeso necesario que debe existir en este tipo de instituciones. Es necesaria la representación plural y que la presencia de las minorías esté garantizada en tipo de estamentos y lamentablemente no se está cumpliendo.
Lo mismo ha ocurrido con la integración del Jury de Enjuiciamiento, al que solo irán oficialistas. Esta falta de pluralidad y de representación de la oposición en estos órganos es preocupante, ya que se trata de instituciones fundamentales para el funcionamiento del poder judicial.
Si bien se puede destacar el accionar transparente del Consejo de la Magistratura en los respectivos concursos para la elección de autoridades judiciales, pero es importante tener en cuenta que el Consejo solo elige una terna, y es el Gobernador de la provincia quien finalmente elige a la persona que ocupará el cargo judicial. Esto es incompatible con un sistema republicano que aspira a una real división de poderes, ya que el Gobernador, por ejemplo, es el encargado de elegir a los jueces que potencialmente deberían juzgarlo por un eventual mal desempeño en sus funciones.
Es lamentable que no se haya aprovechado la reciente reforma de la Constitución Provincial para reparar esta situación de desbalance entre poderes, siempre a favor del Poder Ejecutivo y en detrimento de la independencia del Poder Judicial. Es necesario trabajar para fortalecer la institucionalidad y garantizar una real división de poderes en la provincia de Salta.
