El juicio por el asesinato de Rosa Sulca, docente asesinada en su domicilio en Villa Mitre, en la ciudad de Salta, comienza esta semana. La Fundación Cintia Fernández, representada por el abogado Pablo Tort, se presentó como parte querellante en el caso.
Según Tort, en declaraciones a Radio Dinamo, la Fundación se presentó como parte querellante porque entendieron que existían precedentes en la provincia de asociaciones civiles que se inmiscuyen en causas de orden público. En este caso, en un principio se pensó que la causa de Rosa Sulca iba a ser un femicidio, pero después se comprobó que había además un incumplimiento por parte de los funcionarios públicos, por lo que la Fundación se le permitió introducirse en la causa como parte querellante, no en representación de la familia, sino en representación de la propia Fundación, una asociación civil con intereses en el resultado de esta situación.
El abogado de la Fundación sostuvo que existieron funcionarios que han desarrollado su tarea y su labor acabadamente y no tienen ninguna responsabilidad, y que pese a eso estaban investigados y se pidió el sobreseimiento. Incluso la otra parte querellante adhirió al sobreseimiento. Sin embargo, se pudo comprobar que hubo personal policial como operadores del sistema 911 que no cumplieron con su función, lo cual repercute gravemente, ya que en este caso tenemos un homicidio como consecuencia de una deficiencia de un accionar policial.
El abogado sostiene que, más allá del accionar de la persona menor que fue autora del crimen, en la grabación del sistema 911 se la escucha a Rosa Sulca claramente pidiendo auxilio expreso frente a esta situación.
“No es solo que la policía tiene permitido actuar, la policía tiene la obligación de actuar, son funcionarios públicos y están en el cumplimiento de su función por lo que tenían la obligación de ingresar al domicilio de Rosa y comprobar si de verdad estaba todo bien, algo que no han hecho, han llegado hasta la puerta y como no recibieron respuesta se fueron”, explicó el abogado.
“Por el lado del 911, hay errores en la cadena de mando y en la cadena de procedimientos que más que errores son negligencias graves que hacen justamente a la figura típica de la omisión del deber de funcionario público. Junto a la fiscalía, la Fundación como querellante va en contra de los policías y de las personas que formaban parte del 911. Son siete funcionarios y la autora material del crimen que está denunciado y procesado por encubrimiento agravado que sería un allegado de la víctima”, agregó.
En la causa están imputados siete funcionarios junto a la menor que se atribuyó el crimen y una persona allegada a la víctima que está imputada por encubrimiento agravado, quien habría prestado auxilio a la autora material del crimen.
En el caso de los policías y los integrantes del 911 están procesados por incumplimiento de deberes de funcionario público y cuya pena de dos años es excarcelable. El veredicto y la sentencia se esperan para el 24 de mayo.
“Está claro que el accionar de la policía en este caso fue absolutamente deficiente y el accionar de los integrantes del sistema 911 acusados también si bien hay personal del sistema que realizó su función es en forma plena sin ninguna grieta hay otros que no entonces respecto a eso la acusación se mantuvo y se mantiene y por ende nos veremos las caras desde el jueves hasta el 24 de mayo inclusive”, cerró el abogado.
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