Es inconcebible que trece años después del brutal asesinato de Cassandre Bouvier y Houria Moumni, el 14 de julio de 2011, en la provincia de Salta, la justicia aún no haya dado una respuesta clara ni identificado a los responsables.
El crimen de estas dos jóvenes francesas, cuyos cuerpos fueron hallados en la quebrada de San Lorenzo, dejó al descubierto no solo la violencia de género que afecta a nuestra sociedad, sino también las graves deficiencias de nuestro sistema judicial.
Este caso, de resonancia internacional, debería haber sido una prioridad para las autoridades salteñas. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y del personal capacitado disponible, la justicia local ha mostrado una alarmante incapacidad para resolverlo. ¿Por qué entonces se permite que el sistema judicial siga operando con tan flagrante ineficacia?
El periodista Corso Jean Charles Chatard, en conjunto con Jean-Michel Bouvier, padre de una de las víctimas, ha sido contundente en su crítica hacia las autoridades salteñas. En un comunicado reciente, subrayan la impunidad que reina en la provincia, donde la justicia parece ser selectiva y no todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Esta situación no solo es una afrenta para las familias de las víctimas, sino también una grave traición a la confianza pública.
«Hoy conmemoramos un triste aniversario. Trece años han pasado, y las familias de Cassandre Bouvier y Houria Moumni siguen sin saber en qué condiciones fueron asesinadas sus hijas y, sobre todo, quiénes son los verdaderos autores que la justicia de Salta podría detener, pero no se atreve. Porque detener a los verdaderos asesinos de las francesas desencadenaría una verdadera catástrofe democrática a nivel local. Las consecuencias para el poder político serían dramáticas, y eso es exactamente lo que el gobernador Sáenz y su cómplice en la fiscalía desean evitar a toda costa. No deben hacerse olas. No deben recordarse los años monstruosos del gobernador Urtubey. Deben mantener un perfil bajo. ¿Su viciosa estrategia? Ganar tiempo hasta que el caso prescriba. Es una vergüenza absoluta», dice el comunicado de Chatard.
A pesar de contar con tres perfiles de ADN sin investigar, la Fiscalía General de Salta no ha hecho ningún avance significativo en la identificación de los culpables. La inacción y la aparente protección de los sospechosos no solo son inaceptables, sino que también sugieren una corrupción y un clientelismo que erosionan la confianza en nuestras instituciones. El padre de Cassandre, respaldado por las autoridades francesas, no descansará hasta que se haga justicia, una lucha que también debe ser nuestra como ciudadanos salteños.
En este doloroso aniversario, es crucial que el jefe del Ministerio Público, Pedro Castiella, asuma su responsabilidad y ordene la reapertura de las investigaciones. Es imperativo que actúe con valentía y tome decisiones que demuestren su compromiso con la justicia. El pueblo de Salta merece una justicia que respete la verdad y la dignidad de las víctimas, no un sistema que perpetúa la impunidad.
El caso de Cassandre Bouvier y Houria Moumni no debe quedar en el olvido ni prescribir. Es una cuestión de principios, integridad y dignidad, y la sociedad no puede permitir que la corrupción y la inacción prevalezcan. Es hora de que nuestras autoridades demuestren que están a la altura de la confianza depositada en ellas y que elijan el camino de la justicia.
