El reciente sobreseimiento de Matías Huergo y otros empresarios por delitos fiscales, gracias a la Ley de Blanqueo, revela una situación de alarmante impunidad.
Antes que nada debemos recordar que estas personas fueron atrapadas in fraganti desfalcando las arcas de la Municipalidad de Salta, además de haber confeccionado facturas truchas para sus operaciones.
Sin embargo, la causa se dividió: la justicia provincial dejó el desfalco en el limbo, mientras que la justicia federal, increíblemente, sobreseyó a los acusados por las facturas apócrifas. En un país donde “el que las hace, las paga”, este escándalo contradice toda promesa de justicia.
El fallo es un golpe a la credibilidad de las instituciones y plantea serios interrogantes sobre la connivencia entre empresarios y el poder político y judicial. ¿Cómo es posible que, bajo un manto de blanqueo, los delitos de aquellos que perjudican a los ciudadanos de a pie queden impunes? Las acciones del fiscal Carlos Amad, quien busca revertir este escandaloso sobreseimiento, representan un último bastión de esperanza, pero la comunidad debe exigir respuestas contundentes y un compromiso real con la justicia.
El caso de Matías Huergo y otros empresarios es un claro ejemplo de cómo ciertos sectores vinculados al poder logran esquivar las consecuencias de sus actos. Mientras que cualquier ciudadano común enfrentaría el peso de la ley por delitos fiscales, estos empresarios encontraron una salida gracias a la Ley de Blanqueo. La ley, que en teoría debería estar dirigida a regularizar situaciones excepcionales, se ha convertido en un escudo de impunidad para quienes deliberadamente defraudaron al Estado.
La situación es aún más indignante si consideramos que la causa por el desfalco a la Municipalidad de Salta sigue completamente estancada en la justicia provincial. Mientras tanto, los acusados son absueltos en la justicia federal por el uso de facturas truchas. La falta de avance en el caso provincial demuestra no solo una clara ineficiencia, sino también la aparente falta de voluntad para llevar a cabo una verdadera investigación y condena. Es un mensaje devastador para una sociedad que exige transparencia.
Este tipo de decisiones judiciales, lejos de generar confianza, siembran más dudas sobre la independencia de los jueces y la verdadera intención del sistema legal en nuestro país. Mientras que la justicia debería ser imparcial y equitativa, vemos cómo se manipula para beneficiar a unos pocos, alimentando la sensación de que la ley no es igual para todos. Este caso no solo es un escándalo, sino un síntoma de la degradación moral y política que afecta nuestras instituciones.
