Durante años, las mismas estructuras de poder que hoy condenan su accionar, las respaldaron para garantizar la paz social y la continuidad de las clases, elementos clave en la agenda del gobierno provincial.
La reciente condena de Patricia del Valle Argañaraz y Ana María Cerezo, ex dirigentes de la Asociación Docente Provincial (ADP), a seis años de prisión efectiva por administración fraudulenta y estafas reiteradas marca un precedente significativo en la provincia. Este fallo, emitido por el juez José Luis Riera, representa una necesaria respuesta de la justicia frente a hechos de corrupción que afectan no solo a las instituciones, sino a la confianza de la sociedad en quienes administran los recursos colectivos.
Es saludable que el poder judicial actúe con firmeza frente a quienes, habiendo ostentado responsabilidades clave en instituciones de enorme relevancia, desviaron fondos destinados al bienestar de sus representados
Sin embargo, no podemos dejar de lado el contexto en el que esta resolución se produce. Las acusadas cayeron en desgracia cuando dejaron de ser útiles políticamente. Durante años, las mismas estructuras de poder que hoy condenan su accionar las respaldaron para garantizar la paz social y la continuidad de las clases, elementos clave en la agenda del gobierno provincial. Este tipo de justicia selectiva, que actúa con celeridad cuando los acusados ya no tienen un rol político relevante, es un patrón que debe ser analizado y cuestionado.
Mientras celebramos este fallo como un avance, es imposible ignorar los casos emblemáticos que aún duermen en los cajones de la justicia salteña. Ejemplos como las irregularidades en La Ciénaga o el caso Huergo, por mencionar solo dos, continúan sin resolución, alimentando la percepción de que el poder judicial opera con criterios discrecionales y genuflexos frente al poder político.
La sociedad salteña demanda más que justicia episódica: exige una justicia equitativa, imparcial y que actúe con la misma contundencia en todos los casos, independientemente del peso político de los implicados. El avance en esta causa no debe ser la excepción, sino la norma en una provincia donde los escándalos de corrupción se repiten con alarmante frecuencia.
La condena a las exdirigentes de la ADP es un paso en la dirección correcta, pero la verdadera transformación se dará cuando veamos sentencias similares en todas las causas pendientes, y no solo cuando los acusados hayan perdido su influencia.
La justicia tiene la responsabilidad de demostrar que no es un mero apéndice del poder político, sino un pilar independiente que trabaja para todos los ciudadanos por igual. Solo entonces podrá recuperar la confianza de una sociedad que, hasta ahora, observa con escepticismo.
