La justicia en Salta ha quedado atrapada entre las sombras de un sistema político que ha demostrado, una vez más, su inquebrantable vínculo con la impunidad. ¿Es que la justicia solo actúa cuando la presión electoral la obliga, y luego vuelve a quedar dormida una vez pasada la coyuntura?
La reciente reapertura de la causa contra Juan Manuel Urtubey, exgobernador de la provincia, pone de manifiesto una problemática que no es nueva, pero que se torna cada vez más insostenible: la judicialización selectiva de casos, exclusivamente bajo la presión de la proximidad electoral. Este fenómeno refleja una justicia que, en lugar de ser autónoma e imparcial, se somete a las directrices del poder político, en un ciclo vicioso de promesas de transparencia que nunca se cumplen.
El caso de la condonación de millonarias deudas por cánones a la empresa Salta Forestal bajo la gestión de Urtubey es solo la punta del iceberg. Los números son desoladores: de los 20 millones de pesos que se esperaban recaudar entre 2012 y 2016, el Estado solo obtuvo 4.6 millones, mientras que los concesionarios, principalmente vinculados a grandes empresarios de la provincia, se beneficiaron con una condonación que contraviene la Constitución y que afecta gravemente las arcas públicas. La falta de control sobre estas concesiones y las transferencias irregulares entre empresas, que solo favorecieron a grupos económicos poderosos, son claros indicios de un sistema judicial que no investigó a fondo el caso cuando realmente era necesario.
Lo más alarmante es que la causa, que fue archivada en 2019 sin mayores avances, se reabre ahora, coincidentemente, en un año electoral. Este tipo de decisiones suscitan sospechas sobre la verdadera motivación detrás de la reapertura de la causa. ¿Es que la justicia solo actúa cuando la presión electoral la obliga, y luego vuelve a quedar dormida una vez pasada la coyuntura? Este patrón se ha repetido en varias ocasiones, como ocurrió con el caso del exgobernador Juan Carlos Romero, cuyo expediente se reactivó solo cuando las elecciones se acercaban, para luego ser archivado nuevamente, sin que se llegara a fondo en las investigaciones.
Este escenario no solo evidencia una grave deficiencia en la transparencia del sistema judicial, sino que también constituye una burla para la ciudadanía. Los salteños, cansados de los continuos casos de corrupción, asisten impotentes a la perpetuación de un sistema que no solo cierra los ojos ante los delitos, sino que además parece hacer de la justicia un instrumento al servicio del poder político. La actuación del fiscal Escalante, quien decidió reabrir la causa, puede ser vista como una oportunidad para recuperar lo que es del pueblo de Salta, pero debemos ser cautelosos ante el riesgo de que la justicia vuelva a ser utilizada como un mero instrumento electoral.
El caso de Urtubey y su relación con Salta Forestal es solo un ejemplo de cómo, en Salta, los actores políticos logran eludir la justicia, no gracias a su inocencia, sino a un sistema que les permite maniobrar con impunidad. La justicia debería ser el garante de la equidad y la transparencia, pero cuando se somete a los intereses del poder ejecutivo, pierde toda credibilidad. No podemos permitir que la justicia se convierta en una herramienta electoral que solo se activa en momentos estratégicos, para luego ser olvidada.
Es imperativo que los salteños demanden una justicia que esté a la altura de las expectativas de la sociedad, que trabaje de forma autónoma y que no dependa de las decisiones políticas. La reactivación de causas como la de Urtubey debe ser solo el inicio de un proceso que lleve a la verdad y la sanción de los responsables, sin importar su poder político. Solo así se podrá devolver la confianza en las instituciones y garantizar que la justicia en Salta sea un verdadero servicio para la ciudadanía.
