viernes, mayo 2, 2025
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    El colapso penitenciario en Salta: Una crisis humanitaria ignorada

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    En las últimas semanas, la provincia de Salta ha sido escenario de una denuncia alarmante sobre las condiciones de los centros de detención, especialmente en las comisarías, que han llegado a un nivel crítico.

     

    La presentación de un hábeas corpus colectivo correctivo ante la Corte de Justicia de Salta, impulsada por el presidente del Comité contra la Tortura, Rodrigo Solá, pone en evidencia un problema que no puede seguir siendo ignorado.

    El relato de Solá sobre las condiciones en las comisarías es desolador. «En las comisarías se turnan para dormir en el piso», afirma, describiendo un escenario en el que la falta de espacio, el hacinamiento extremo y la ausencia de condiciones básicas de higiene son la norma, no la excepción. En un lugar donde la privación de libertad debería ir acompañada de un mínimo de dignidad, los detenidos se ven obligados a soportar condiciones infrahumanas. Sin baños, sin camas, sin ventilación, y rodeados de enfermedades e insectos, la situación no solo es insostenible, sino que también violenta los derechos humanos más elementales.

    Lo que se denuncia no es una excepción aislada. Según el informe de Solá, las comisarías del interior de la provincia, como las de Tartagal, Orán, Metán y Rosario de la Frontera, viven una crisis aún más grave. El hacinamiento extremo llega al punto de que personas que deberían estar en celdas para dos o tres internos se ven obligadas a convivir con más de 30 detenidos en un mismo espacio, lo que aumenta exponencialmente el riesgo de enfermedades y desorden. En algunos casos, los detenidos deben turnarse para dormir en el suelo, ya que no hay camas disponibles, y aquellos que tienen la suerte de contar con un espacio para descansar se enfrentan a la penumbra y la falta de ventilación.

    El Comité ha advertido que estas condiciones no solo violan derechos humanos fundamentales, sino que también imposibilitan cualquier tipo de rehabilitación o reinserción social de los detenidos. De acuerdo con Solá, las cárceles deben ser espacios en los que las personas privadas de su libertad puedan pasar por un proceso de reeducación y reinserción, pero esto es inconcebible en un contexto donde la tortura, el trato cruel e inhumano son el pan de cada

    Ante esta situación, la Corte de Justicia de Salta ha asumido competencia sobre el caso y convocado una audiencia conciliatoria en la que se espera que autoridades provinciales de diferentes áreas (Gobierno, Seguridad, Infraestructura, Economía y Salud) presenten propuestas concretas para revertir esta crisis. Si bien este es un paso positivo, la solución no será fácil ni rápida. Se requiere una inversión urgente en infraestructura, en la mejora de las condiciones de vida de los detenidos y, sobre todo, en una reforma del sistema penitenciario que garantice el respeto a los derechos humanos.

    Es imperativo que el gobierno de Salta no minimice la magnitud de este problema y actúe con la celeridad que exige la urgencia del caso. En la capital de Salta, los alojamientos permanentes en comisarías fueron eliminados, lo que representa un avance en el reconocimiento de la dignidad de los detenidos. Sin embargo, esta medida debe extenderse a todo el territorio provincial. Las condiciones actuales son una frente a la justicia y la humanidad, y la situación no puede seguir ingnorandose.

    Es necesario recordar que un sistema penitenciario que no respeta los derechos humanos no es solo un fracaso moral, sino también una semilla de futuras injusticias sociales. La falta de condiciones mínimas de dignidad no solo afecta a los detenidos, sino que incide negativamente en toda la sociedad. El camino hacia una verdadera reforma del sistema penitenciario de Salta no solo pasa por mejorar las infraestructuras, sino también por repensar el modelo de encarcelamiento y buscar soluciones.

    El gobierno provincial debe reconocer la gravedad de la situación y poner en marcha las reformas necesarias para evitar que este colapso penitenciario siga profundizándose. La dignidad humana debe ser el principio rector de cualquier sistema judicial y penitenciario. Es hora de actuar.

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