Hay una vieja máxima de la administración pública que sostiene que cuando una responsabilidad es de todos, termina siendo de nadie. Y pocas cuestiones ilustran mejor esa tragedia institucional argentina que lo que ocurre hoy en nuestras fronteras.
Las fronteras nacionales son, por definición constitucional, una competencia originaria y exclusiva del Estado Nacional. Son el límite físico de la soberanía. Son la puerta de entrada y salida de personas, mercancías, capitales, enfermedades, organizaciones criminales y oportunidades comerciales. Custodiar una frontera no es una tarea secundaria ni una función decorativa del Estado. Es una de sus razones fundamentales de existencia.
Sin embargo, cuando uno recorre los miles de kilómetros de frontera que posee la República Argentina, encuentra una realidad muy distinta de la que describen los manuales de derecho constitucional.
Lo que encuentra es abandono.
Un abandono que no comenzó ayer, que no pertenece exclusivamente a este gobierno ni al anterior, pero que parece haberse naturalizado como parte del paisaje nacional.
Desde La Quiaca hasta Ushuaia, desde Misiones hasta Mendoza, la sensación es la misma: el Estado Nacional aparece tarde, aparece poco o directamente no aparece.
Y aquí comienza la primera gran contradicción.
Mientras desde Buenos Aires se discuten complejas teorías sobre el tamaño ideal del Estado, quienes viven en la frontera no reclaman un Estado más grande ni más pequeño. Reclaman simplemente un Estado presente.
Porque para el habitante de una ciudad fronteriza el problema no es ideológico. Es práctico.
Necesita rutas, controles migratorios, infraestructura aduanera, presencia de fuerzas de seguridad, radares, tecnología y coordinación institucional.
Necesita saber quién entra y quién sale.
Necesita saber que alguien está mirando.
Pero la frontera argentina parece haber quedado atrapada en una tierra de nadie administrativa donde las competencias se convierten en excusas.
Las provincias argumentan, con razón jurídica, que la seguridad fronteriza corresponde a la Nación.
La Nación responde con discursos sobre austeridad, reducción del gasto y reorganización del Estado.
Y entre una competencia federal que nadie ejerce plenamente y unas provincias que se consideran limitadas para intervenir, se produce el vacío.
Un vacío que jamás permanece vacío.
Porque donde se retira el Estado aparecen otros actores.
Aparecen las organizaciones criminales.
Aparecen las redes de contrabando.
Aparecen los traficantes de personas.
Aparecen los narcotraficantes.
Aparecen las economías paralelas.
Y aparece, finalmente, la ley de la selva.
Lo paradójico es que muchas veces el ciudadano común parece sufrir más controles que las organizaciones criminales.
El vecino que cruza para comprar un electrodoméstico, una cubierta o algunos artículos de consumo suele encontrarse con inspecciones, formularios y demoras.
Mientras tanto, a pocos kilómetros de distancia, existen pasos clandestinos que funcionan desde hace décadas y cuya ubicación conocen perfectamente los pobladores locales.
La frontera termina transformándose en un colador donde se controla a quien resulta sencillo controlar y se fracasa en controlar aquello que verdaderamente amenaza la seguridad nacional.
La República Argentina posee una de las redes fronterizas más extensas de América del Sur.
Comparte límites con cinco países.
Con Bolivia, pasos como Aguas Blancas-Bermejo, La Quiaca-Villazón y numerosos cruces menores distribuidos en el norte argentino.
Con Paraguay, los pasos de Clorinda, Formosa, Posadas, Puerto Iguazú y múltiples conexiones fluviales a lo largo de cientos de kilómetros de ríos compartidos.
Con Brasil, una extensa red de cruces en Misiones y Corrientes, entre ellos Puerto Iguazú-Foz de Iguazú, Bernardo de Irigoyen-Dionisio Cerqueira, Santo Tomé-São Borja y Paso de los Libres-Uruguaiana.
Con Uruguay, los históricos puentes internacionales de Gualeguaychú-Fray Bentos, Colón-Paysandú y Concordia-Salto.
Y con Chile, la frontera más extensa del país, atravesada por decenas de pasos cordilleranos como Jama, Sico, Socompa, San Francisco, Agua Negra, Cristo Redentor, Cardenal Samoré, Integración Austral y muchos otros que recorren toda la Cordillera de los Andes. Argentina posee actualmente más de un centenar de puntos fronterizos habilitados entre rutas, puentes, puertos y cruces internacionales.
Todos esos pasos representan oportunidades comerciales, integración regional y desarrollo económico.
Pero también representan responsabilidades.
Porque una frontera abierta al intercambio no puede ser una frontera abandonada al delito.
Y aquí aparece otro problema histórico argentino.
Las fronteras rara vez ocupan el centro de la agenda nacional.
No generan grandes debates televisivos.
No determinan elecciones en la Capital Federal.
No movilizan encuestas.
No producen titulares permanentes en los medios porteños.
Y por esa razón suelen ser postergadas.
Lo que ocurre en Aguas Blancas, en La Quiaca, en Clorinda o en Bernardo de Irigoyen muchas veces parece suceder en un país lejano para quienes toman decisiones desde los despachos del poder central.
La frontera se vuelve invisible hasta que ocurre una tragedia.
Hasta que aparece un cargamento récord de droga.
Hasta que se descubre una organización criminal.
Hasta que sucede un hecho de violencia imposible de ignorar.
Entonces llegan las promesas, los anuncios, los operativos y las fotografías.
Pero pasado el impacto mediático, vuelve la rutina del abandono.
Y sin embargo, ningún país serio puede permitirse esa indiferencia.
Porque custodiar las fronteras no es solamente combatir el delito.
Es ejercer soberanía.
Es proteger la economía formal.
Es garantizar la seguridad de los ciudadanos.
Es cuidar la salud pública.
Es defender el trabajo nacional.
Es saber qué ocurre dentro del territorio propio.
La Argentina necesita recuperar una idea básica que parece haberse perdido entre discursos, burocracias y disputas políticas: las fronteras no son el borde del país.
Son el comienzo del país.
Allí donde termina el mapa empieza la soberanía.
Y cuando la Nación abandona esa responsabilidad, cuando las provincias se resignan a esperar y cuando las competencias se convierten en excusas, no sólo fracasa una política pública.
Fracasa el Estado en una de sus funciones más elementales.
Porque una frontera desprotegida no es solamente una línea vulnerable.
Es una nación que deja de custodiarse a sí misma.
